"La deforestación causa pandemias": Francisco von Hildebrand

Para el director de Gaia Amazonas, proteger el bioma amazónico implica rastrear los grandes capitales que mueven la deforestación y la minería ilegal. Según él, es clave fortalcer a las comunidades ancestrales.

Por Diego Montoya Chica

Publicado en Revista Credencial, octubre de 2020

MUCHO SE habla de proteger los páramos colombianos porque, se dice, son “fábricas de agua”. Y es verdad: Chingaza, por ejemplo, produce 70% del agua potable que consume toda Bogotá, sin contar con que de ese páramo y de otro par cercanos depende la agricultura que alimenta a la capital. Este mismo principio se replica en Medellín –con el páramo de Belmira–, en Cali –con los Farallones– y en Bucaramanga –con Santurbán–.

Pero de ese fenómeno hay un ángulo poco conocido que demuestra la interdependencia de nuestros ecosistemas, así parezca que estén lejos los unos de los otros –“lejos”, hay que decirlo, según nuestra perspectiva, tan limitada–: los páramos no ‘crean’ el agua de la nada, o como por arte de magia. Más bien, reciben la mayoría de las nubes, agua evaporada del océano Atlántico y transportada hasta los Andes nada menos que por la Amazonía, cuyos bosques la absorben y la transpiran hasta que llega a su destino. Quién lo habría imaginado: sin Amazonía no hay páramos. “Son los ríos voladores, que no solo traen agua a nuestras montañas, sino también a varios países de Suramérica. De hecho, 70% del PIB de la región depende de que esto siga ocurriendo”, explica Francisco Von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas y, hoy por hoy, una de las voces más prominentes de la ecología nacional con perspectiva antropológica. Esa línea, presente en las respuestas que el internacionalista y experto en desarrollo local dio a esta entrevista, fue impulsada desde los años sesenta y setenta por su propia familia: por su padre, el etnólogo y antropólogo de origen alemán Martin von Hildebrand –fundador de Gaia Amazonas–, y por su abuelo materno, el antropólogo y arqueólogo austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff, uno de los académicos fundadores del departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.

“Ríos voladores”. Si no fuera por la ciencia inobjetable y por la crudeza de las evidencias –por ejemplo, por el hecho de que ya el agua escasea en algunas ciudades latinas por cuenta de la deforestación del bioma amazónico–, aún pensaríamos que se trata de una fantasía. Con esa misma prepotencia hemos mirado la idea de que los ecosistemas de todo el globo son interdependientes: “Qué exageración”. Y luego nos damos cuenta, por ejemplo, de que algunos minerales en la Amazonía han llegado hasta allí sobre el lomo de millones de partículas voladoras provenientes del desierto del Sahara. O, si de ejemplos extremos se trata, ¿la pandemia que sufrimos, globalizada en tres meses y para muchos resultado de las presiones que ponemos sobre la naturaleza, no es prueba suficiente de que vivimos en un solo sistema interdependiente?

Francisco, líder en Gaia desde 2012, le abrió a Revista Credencial las puertas de su casa, en Bogotá, donde explicó por qué los nueve países que resguardan el bioma amazónico tienen una responsabilidad de escala global y a perpetuidad.

En los últimos 30 años, el bioma amazónico perdió solo 1% de los bosques en territorios indígenas y áreas protegidas. Pero fuera de ellas la tala fue inmensa: 2 millones de hectáreas cada año. ¿Cómo entiende usted ese fenómeno?

Sumando a los nueve países del bioma, 47% de este se encuentra en territorios indígenas y áreas protegidas. Entre el 2000 y el 2018, allí tuvo lugar 12,6 % de la deforestación total de la región. Es decir que en el 53 % restante se dio 87,4% de la tala. Para nosotros es claro que donde hay indígenas hay bosques sanos. Con un punto a favor para Colombia, donde las cifras son relativamente menores que las de todo el bioma: aquí, a los pueblos originarios no solamente se les reconoce el derecho a su territorio –cosa que se ha dado gracias a una lucha muy gradual, con un especial reconocimiento a lo hecho por el Gobierno de Virgilio Barco, a finales de los ochenta–, sino también el derecho a ser gobernados por sus mismas autoridades. Esto último es único en la cuenca, y se le debe, entre otras cosas, al decreto 632 de 2018 que reconoce los gobiernos indígenas en áreas no municipalizadas de Amazonas, Vaupés y Guainía. Y los reconoce desde una perspectiva de la diversidad cultural: con respeto. Eso es histórico y todos deberíamos estar orgullosos.

Pero ¿esto quiere decir que los indígenas son inmunes a motores de deforestación como la expansión de la frontera agrícola o la siembra de cultivos ilícitos?

Es que tienen una visión del mundo y una relación con el territorio cuyas prácticas renuevan los recursos naturales, en vez de agotarlos. Entonces, no es que estén blindados, pero para la mayoría de ellos sí es impensable involucrarse en actividades extractivas de alto impacto. Por eso, insistimos en que conservar la Amazonía no es conservar hectáreas de bosque solamente, sino asegurar la pervivencia de esa visión. Si usted le mete –por ejemplo– educación evangélica a esas comunidades, y con ello quiebra su visión, en una o dos generaciones tendrá pueblos más desarraigados de su territorio y dispuestos a afectarlo.

El acaparamiento de tierras está identificado como un motor preponderante para la deforestación. ¿Cómo ha evolucionado ese fenómeno?

Sigue siendo la causa principal y tiene fines diversos. No se está dando en cabeza de unos pocos campesinos, como vimos en varias operaciones militares: lo mueven poderes importantes a nivel departamental, nacional e internacional, mediante un complejo sistema de testaferros. Y son intereses relacionados con proyecciones a futuro de las tierras, no a corto plazo. Han aparecido un pocotón de pistas aéreas para aviones grandes, bien metidas en la selva, por ejemplo, y cuando sacas los cubiertos finos es porque alguien viene a cenar. Aunque no lo podemos confirmar, bien pueden ser los recursos mineros de Amazonas, Vaupés y Guainía los que pueden estar moviendo algunos de esos intereses. Prevemos que, de habilitarse toda esa infraestructura –junto con las carreteras que están apareciendo en la parte norte de Chiribiquete y muchas otras vías, algunas de ellas financiadas por los mismos municipios–, va a reventar mucho más fuertemente la minería ilegal. Ahora, tampoco hay que descartar que exista una especie de ‘carrera por los últimos recursos’.

El IDEAM reportó que, en 2019, se deforestó un 20% menos de lo que se esperaba en el país, en comparación con 2018. ¿Cómo interpreta usted esas cifras?

Ahí hay que aclarar una cosa: Colombia tuvo, hace un par de años, un pico atípico de deforestación. Si este se toma como punto de referencia, es obvio que cualquier año que se le compare será menor. Pero no: la tendencia es que la deforestación sigue incrementando y sigue entrando en la Amazonía, ahí no hay mejoras. Las estrategias que se han montado no han sido eficientes porque no atacan la causa real, que son esos grandes intereses con capital y no el tipo con una motosierra.

Parecería alentador el hecho de que todo el bioma mantiene 83,4% de su cobertura vegetal natural. Pero se habla de un cercano “punto de no retorno”. ¿Cómo funciona?

La Amazonía hay que entenderla como un sistema interconectado e interdependiente. Antes –erróneamente– se entendía la conservación como la protección de un territorio muy específico, sin tener en cuenta cómo se relacionaba con el resto, pero hemos aprendido que es la interconexión de la Amazonía lo que hace que funcione como “el pulmón del mundo”. Por ejemplo: la selva transporta más agua desde el océano Atlántico hacia los Andes y hacia Suramérica mediante sus sistemas de lluvias que todos sus ríos terrestres combinados: se trata de sus famosos ríos aéreos. Es como una bomba de agua, pero que debe estar conectada con bosques; de lo contrario, ese flujo se pierde, como ya ocurrió en la parte sur del bioma. Sao Paulo, por ejemplo, ya tiene problemas de agua por culpa de esas rupturas. Y, como le digo, hay que tener en cuenta que una porción mayoritaria del PIB latinoamericano depende de este río volador, así como la seguridad alimentaria y también energética del continente. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el porcentaje de deforestación en el que colapsa ese sistema; dicen que 20%, o 25% de pérdida de bosque natural... pero estamos ya al 15%, así que no estamos tan lejos.

Dice usted que hay una relación estrecha entre el COVID y la deforestación. ¿Cómo así?

Está 100% ligado. Estas pandemias no se dan porque sí, sino por alterar ecosistemas críticos. Los indígenas saben muy bien cuáles son y dónde hay patógenos contenidos en microecosistemas. Tendríamos que trabajar de la mano con ellos para prevenir la pandemia del mañana, porque hoy vino de China, pero si seguimos entrando al amazonas mañana podría venir de nuestras selvas. Por ejemplo: si le quitas el hábitat a cierto animalito que, entonces, se va a vivir en los árboles de frutas de la finca donde también hay marranos para consumo humano, ahí hay un riesgo.

Ahora sí hablemos de minería. Un porcentaje mayoritario del oro minado en Colombia es de origen ilegal, pero del país sale y se usa legalmente. ¿En qué punto de la cadena se ‘lava’ el oro de su ilegalidad?

La minería ilegal se da por muchas razones, pero hay dos motores que considero claves: uno es el incremento del precio del oro, cosa que se va a acentuar en el marco de la recesión económica de la pandemia. Eso es muy preocupante. El otro es la relación entre la minería ilegal y el dinero del narcotráfico: si un cartel vende equis cantidad de plata en Estados Unidos, no la mete en un banco en América Latina, sino que muchas veces compra el oro de la minería ilegal a través de pequeñas sucursales –registradas legalmente–. Es que, una vez que sale de la tierra, se convierte ya en algo oficial...

...perdón lo interrumpo. ¿Sucursales legales? ¿Entonces son ellas las que ponen el sello de legalidad al oro y este paga impuestos a partir de ese momento?

Para ellas, en una ciudad amazónica, es demasiado difícil probar que el oro que te vende alguien viene de una operación ilegal: no existen muchos esquemas de control para ello. En el momento en que ellas compran el oro, se formaliza su existencia y luego este pasa por toda la cadena hasta que se vende a las grandes reservas de oro de los países. Es un complejo tema financiero de escala global.

En la Amazonía Oriental, las Farc E.P. eran preponderantes en el negocio de la minería ilegal. ¿Cuál es el panorama allí después de la firma del Acuerdo de Paz?

De manera no planeada, el conflicto armado mantuvo lejos los intereses públicos y privados de la minería, las tierras y la madera, entre otros recursos. Cuando esos actores, que firmaron y se desmovilizaron, salieron del territorio, dejaron un vacío de poder que abrió las compuertas. Y ¿cuál es la forma como entran las economías ex- tractivas en ese escenario? Es común que primero lo hagan a través de economías ilegales, que en efecto se acentuaron, particularmente la minería. Pero ojo: no se trata de un tipo con una batea, en una balsa, sino de estructuras grandes, bien montadas y también relacionadas con ciertos ámbitos del sector privado internacional. De ahí las carreteras y las pistas, por ejemplo. Ahora: en el vacío de poder de la Amazonía posacuerdo, el Estado no actuó lo suficientemente rápido y con contundencia para llenar ese vacío que, además, estaba ‘cantadísimo’. La disidencia, por ejemplo, se ha venido reestructurando. Pero no solo ellos, y este caos de luchas por el territorio tiene altos riesgos para los ecosistemas y sus poblaciones, incluyendo un posible recrudecimiento de las dinámicas del conflicto. Hay una cosa clave: el Estado busca responder con la militarización de la Amazonía. Y quizá entiendo esa lógica, pero es que uno no estabiliza ni armoniza una nación a punta, únicamente, de militares: toca llevar institucionalidad de más formas, con una perspectiva de respeto territorial y cultural.

¿De qué sirvió que la Amazonía haya sido declarada como sujeto de derechos en abril de 2018?

Aunque a nivel operativo ha habido dificultades para llevar esto del papel a estrategias puntuales, hay que verlo como un antecedente fundamental en el marco de la jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso de los consejos y gobiernos indígenas en áreas no municipalizadas, reconocidos, guiados y potenciados por el decreto 632: ya ocho gobiernos indígenas están registrados ante el Ministerio del Interior, en un esquema que –hay que aclarar– no se diseñó para acceder a recursos, sino para delimitarse, para estructurarse administrativamente, para la toma de decisiones al interior de sus territorios y para que existan puntos de encuentro entre ellos y las autoridades departamentales y nacionales. Gracias a ello, las comunidades se están vinculando más formalmente a la protección de la Amazonía como sujeto de derechos.

Hay dos temas polémicos, hoy: el fracking y la aspersión aérea. Con respecto al primero: las pruebas piloto parecen tener vía libre. ¿Qué piensa de eso?

Esa no es una de las líneas de trabajo en Gaia Amazonas, pero mi opinión como ambientalista es sencilla: el fracking no debería ser una alternativa para la extracción de recursos, por el alto riesgo que tiene, pues no es cierto que ese riesgo sea limitado. Su impacto es brutal en los sistemas de agua subterráneos, que también transportan más agua que los ríos terrestres, que son frágiles y que están interconectados. Y me adelanto de una vez al segundo tema, el de la aspersión con glifosato, en donde le digo ya no una opinión personal, sino un reflejo del consenso entre actores públicos y privados: la aspersión aérea no funciona en la medida en que hace que los cultivos y los problemas, sencillamente, migren, como en Gaia lo hemos visto en la zona del Piedemonte. Por eso, creo –y no soy el único– que la estrategia de la guerra contra las drogas tiene que replantearse. El glifosato tiene una afectación grave en las poblaciones y sus recursos hídricos y no tiene el impacto que se espera, que la reducción de los niveles de narcotráfico y violencia. Por eso, ojalá no se confundan metas –número de hectáreas fumigadas– con impactos deseados. Estos últimos no responden bien a la aspersión.

Permítame hacerle una pregunta política. Gaia –así como otras ONH ambientales– trata de trabajar de la mano con el Estado para amplificar su impacto. ¿Cómo ha visto el trabajo del sector ambiental con este Gobierno?

Mire, nosotros promovemos una política amazónica, que no es de izquierda ni de derecha. Con todos los gobiernos tratamos de trabajar y con todos ha habido avances. Sin embargo, para muchas ONG sí ha sido muy difícil coordinar con las autoridades: ha habido una fractura en la comunicación que ha hecho difícil, si no imposible, relacionarse con los diferentes ministerios. Y es importante decir que esto no le toca únicamente al Ministerio de Ambiente. La Amazonía, desafortunadamente, no está entre las prioridades del Estado en este momento, el gran debate, la con- versación política sobre esta región no ha llegado al nivel que se necesita.

CLAVES SOBRE MINERÍA

Aunque no es el único, el mayor impacto de la minería ilegal en los ecosistemas y en la salud humana de las comunidades donde se practica viene de la mano con el uso del mercurio. Este permite separar el oro de otros materiales, pero luego se suele verter de manera indiscriminada en los ríos, lo cual es muy grave. Primero: es indestructible, así que descontaminar las cuencas es prácticamente imposible. Segundo: se bioacumula, entonces los peces, muchos para consumo humano y animal, lo transportan en su carne, por lo cual se han notado niveles muy riesgosos de concentración de mercurio en personas de numerosas comunidades de la Amazonía, pero también del Pacífico y de algunos sitios de los Andes: el mercurio es llevado, vía pescado, hasta ciudades como Bogotá. ¿Cómo llegael mercurio al país? La mayoría es importado ilegalmente desde diversas regiones del mundo, incluida Europa, aunque México parece ser un origen predominante. Esto ocurre pese a que la firma del Convenio Minamata ha establecido algunas regulaciones. Una de las varias maneras en que, según Von Hildebrand, se podría controlar esas importaciones, es llevando instituciones más fuertes a la Amazonía –no únicamente al Ejército–, una región altamente permeable por el abandono estatal y porque tiene fronteras con tres países.